APARTHEID CONTRA EL PUEBLO PALESTINO
Este verano la violencia en Israel y sus fronteras vuelve a ser noticia. Y una vez más, las miradas de la mayoría del mundo (organizaciones, personas individuales, periodistas, analistas) miran hacia los políticos y el Gobierno de Israel antes que a ningún otro lado. Israel, un estado democrático, regido por el Derecho y adherido a los organismos internacionales que avalan los proncipios de la legalidad en las relaciones entre las personas y los estados, continúa actuando de una forma más que sorprendente para un estado de estas características: por libre, rayando los límites de esa legalidad internacional, cuando no superándolos, aunque desde una posición victimista y chantajeando a una parte de la comunidad internacional alegando juicios antisemitas por parte de cualquiera que critique las acciones políticas y militares del Estado de Israel.
Entre las varias actuaciones emprendidas en los últimos años por los sucesivos gobiernos de Israel en su particular conflicto con los palestinos y con otros pueblos vecinos, el que más vergüenza ajena ha provocado en el mundo es el levantamiento del muro de Cisjordania. Éste, sin embargo, no es más que una manifestación más dentro de una línea de acción política contra el pueblo palestino. Las causas son conocidas y poco tienen que ver, realmente, con el terrorismo o la seguridad del Estado de Israel y sus ciudadanos. Israel, como los palestinos, ocupa un territorio muy limitado en ciertos recursos: tierra y agua. Israel necesita tierras para instalar a su población, la judía; y agua para garantizar el suministro a sus grandes ciudades. Pero el territorio no está vacío y hay que desalojar a los anteriores ocupantes.
De esta forma, en Israel se ha constituido un sistema político de apartheid contra los palestinos, una segregación de la población palestina respecto del resto de Israel que se ha venido manifestando en forma de desalojos y derribos de casas, ocupación de tierras de cultivo, contínuos controles en las carreteras y los accesos a los pueblos palestinos, detenciones irregulares, bloqueos como el de Gaza y, por supuesto, el muro que rodea Cisjordania.
Luciana Coconi, investigadora argentina del Institut de Drets Humans de Catalunya, ha elaborado el informe que aquí publica Ediciones del Oriente y el Mediterráneo. En él ha realizado un análisis de la legislación internacional en torno a los derechos humanos contrastándola con la legislación particular del Estado de Israel en estos ámbitos y que se aplica en los Territrios Palestinos Ocupados. El resultado es que "no sólo la discriminación que sufre el puelblo palestino, sino también el plan de negación y respeto de su dignidad como seres humanos, lo cual tiene una catalogación jurídica concreta: cimen de apartheid"
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